Dictadura propone ley para controlar financiamiento extranjero a oposición con el cuento de “injerencia y seguridad del estado”

Oposición considera que iniciativa de ley pretende criminalizar a las instituciones y organizaciones políticas democráticas en Nicaragua

Emiliano Chamorro Mendieta

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha propuesto a través de sus diputados en la Asamblea Nacional una ley, denominada “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”. Dicho proyecto de ley, tiene la finalidad de controlar a las personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento desde el extranjero.

El pretexto de la dictadura de acuerdo a la propuesta se basan en dos conceptos  “injerencia extranjera” y “seguridad del estado”, conceptos que el mismo Ortega usaba durante la década de los 80.

Sin embargo, los juristas sostienen que la propuesta es inconstitucional, que violenta varios artículos de la Constitución y que también violenta derechos humanos.

La oposición en Nicaragua, de inmediato condenó la propuesta orteguista la que califican como una herramienta más de persecución en contra de las organizaciones democráticas.

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“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia repudia enérgicamente la iniciativa de Ley de Regulación de Agentes Extranjeros presentada por el régimen que sigue creando leyes, , delitos y penas en contra de organizaciones, personas naturales, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y el pueblo de Nicaragua”, denunció la organización opositora por medio de un comunicado.

En el comunicado, la oposición lamentó como la dictadura usa las instituciones para continuar su persecución y asedio contra opositores.

“Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, gremiales, de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo humano locales, denunciar esta iniciativa que los amenaza y castiga con cárcel. A esto se suma la persecución mediante el terrorismo fiscal que se ha venido utilizando en contra de medios de comunicación independientes, personas naturales, para cercenar el derecho a la libertad de comunicación y prensa”, añade la Alianza Cívica.

Pallais: “Es la visión totalitaria del régimen”

“La Ley de regulación de Agentes Extranjeros refleja la visión totalitaria del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo; es la visión de un régimen paranoico, que se siente amenazado, aislado y que está repudiado por todo los nicaragüenses. El dictador cree que toda oposición es debida a intervención extranjera y que atenta contra la seguridad del Estado; pues confunde lo que es seguridad del Estado con su propia seguridad y la de su familia, ya que esta manipulando este concepto, en el que más bien, violenta varios artículos de la Constitución de la República”, sostuvo por su parte el jurista José Pallais.

Con la iniciativa de ley, de acuerdo a Pallais, el régimen de Ortega, ahora pretende criminalizar a todas aquellas personas que reciben recursos del extranjero encasillándolos como intervencionistas y facultando a la vez al Ministerio de Gobernación a confiscar.

“Confiscar infringe el artículo 44 de la Constitución porque el derecho que le da a ese ministerio de apropiarse de bienes y recursos es un acto confiscatorio totalmente inconstitucional y la prohibición  a candidaturas violenta el artículo 51 que concede el derecho a los ciudadanos de elegir y ser electos”, señaló Pallais, opositor al régimen.

De acuerdo a la propuesta del régimen, las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como agentes extranjeros deberán abstenerse de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna. Además, tendrán prohibido financiar a organizaciones, movimientos, partidos políticos, asociaciones, coaliciones o alianzas políticas que desarrollen actividades políticas internas en el país.

De acuerdo a la abogada, Martha Patricia Molina, experta en Estado de Derecho, la propuesta de ley es “inconstitucional, porque además vulnera los artículos 5, 6, 44, 48, 50, 51, 52, 55, entre otros. Además vulnera todos los tratados, convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es una Ley que está destinada a poner fin a la mal interpretada injerencia extranjera. La ley tiene por objeto regular a las personas naturales y jurídicas que respondan a intereses y financiamiento extranjero y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencias en los asuntos internos”, explicó la abogada.

Abogada Martha Patricia Molina, experta en Estado de Derecho.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molina asegura que la iniciativa de Ley orteguista pretende establecer que las organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que, dentro de Nicaragua, perciban fondos, bienes o cualquier objeto de valor provenientes, directa o indirectamente de gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras de cualquier naturaleza “estarán obligadas a inscribirse en el Departamento de Registro de Agentes Extranjeros, que dependerá del Ministerio de Gobernación, ojo, con esto, aquí vemos una forma de controlar y de perseguir, pues todo lo ven conspiración y atentado a la seguridad del estado”. fustigó la experta en Estado de Derecho.

“Día de la infamia jurídica”, dice experta

Asimismo, la propuesta estipula que, deben inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros, las personas que dentro de Nicaragua actúen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos. “Es una ley totalitaria que persigue bloquear recursos y de esa manera debilitar a la oposición, porque ese es el fin de la iniciativa”, observó Molina.

La propuesta de ley además contempla que los agentes extranjeros deberán presentar previamente al Ministerio de Gobernación un informe de cualquier oferta que reciban de sus “mandantes” extranjero en relación de fondos, bienes ó áctivos y que además explique cómo y en qué actividades se utilizarán los recursos.

“Es una iniciativa de ley aberrante, yo le he llamado al 22 de septiembre de 2020 día de la infamia jurídica; la dictadura quiere ahogar a todo un pueblo con el que solo pide su libertad y democracia y a eso el régimen es que le teme y este pueblo no dejará de luchar pese a tantas leyes represivas que la pareja pretenda para reprimirnos en nuestros derechos”, aseguró Molina.

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