¿Es posible un gobierno de transición en la Nicaragua oprimida por Daniel Ortega y Rosario Murillo?

Expertos exponen sus puntos de vista sobre el tema como otra opción para tratar de sacar del poder, al dictador, Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007

Emiliano Chamorro Mendieta

Impulsar un proceso de gobierno o junta transicional en Nicaragua para sacar del poder al dictador, Daniel Ortega, es para unos posible y para otros una idea temeraria, pero más política que jurídica. Sin embargo, los expertos consultados aseguran que es una vía pacífica, pero a la vez peligrosa porque Ortega tiene bajo sumisión  a las dos fuerzas armadas del país como son el Ejército y la Policía.

La abogada y experta en democracia, Martha Patricia Molina, sostiene que impulsar un gobierno de transición en Nicaragua es muy complejo y rápidamente argumenta que Ortega en reacción volvería a mandar a sus cuerpos armados para asesinar a la población como sucedió en 2018.

“Nicaragua ya no es un Estado. Los elementos constitutivos del mismo ya no existen. Poseemos territorio y población pero no tenemos soberanía ni división de poderes. Los Ortega Murillo se encargaron de desaparecer las instituciones públicas y su autonomía. Bajo esta premisa un cambio “Constitucional” no sería posible. Porque no hay funcionarios públicos que apliquen y defiendan el espíritu de la ley, la Constitución. Si nos presentamos a elecciones bajo las condiciones actuales el resultado ya lo conocemos. Se repetirá con más fuerza la matanza de abril 18 y los extremos serían fatales como los que viven los cubanos”, advierte la experta en Estado de Derecho.

Molina insiste que por las características violentas en la forma de gobernar del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, un proceso de transición en Nicaragua no sería pacífico.

La sumisión del Ejército y la Policía con Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantienen a estos en el poder, pese al descontento ciudadano que pide la salida de estos del poder

“En relación al gobierno transicional es una idea que ha sido ampliamente debatida por los politólogos y no todos los procesos son similares. Cada uno tiene sus características particulares. En lo personal considero que el actual régimen ha traspasado los límites y nuestra transición difícilmente sería pacífica si queremos que sea radical”, señala Molina.

Martha Patricia Molina, experta en Estado de Derecho

Al exponerle a la experta sobre la posibilidad de impulsar un gobierno de transición, Molina, explica mas a fondo porque no es posible.

“En nuestro caso concreto no. Porque entra en juego un factor determinante en un proceso transicional: El Ejército y la Policía que no están a favor de las leyes y mucho menos del pueblo. Ellos apoyan al dictador. Entonces, si se da una rebelión ellos no dudarán en asesinarnos. El Ejército y la Policía han ayudado a mantener al régimen en el poder”, asegura Molina.

Pallais: Es posible con una sólida correlación de fuerza

El opositor y ex diplomático, José Pallais Arana, es de la opinión que una junta de gobierno de transición es el resultado de un cambio en la correlación de fuerza desde la oposición, la demanda ciudadana y una comunidad internacional que acompañe al pueblo en su demanda de restauración democrática.

“El gobierno o junta de transición es siempre el resultado de un cambio en la correlación de fuerzas, es la consecuencia de un cambio profundo en la realidad del país para sustituir a un régimen que sabe  que está de hecho y no de derecho ya seriamente deteriorado. La junta de gobierno nunca es el detonante de este cambio de correlación de fuerzas, sino el resultado de una estrategia de debilitamiento y aislamiento del régimen”, sostiene Pallais, también miembro de la opositora Coalición Nacional.

El también analista señala que la unidad ciudadana y política a lo interno del país, acompañada de la comunidad internacional sería un efecto colateral en contra el régimen de Ortega y Murillo “porque es un régimen que ha oprimido a su pueblo”.

“Si se logran todas las condiciones (para un gobierno de transición) se requerirá que la comunidad internacional reconozca ese gobierno, el cual provoque una transición efectiva hacia la democracia y ese reconocimiento internacional que es necesario solamente puede lograrse si la comunidad internacional se convence de que el régimen orteguista, además de ilegítimo, es incapaz y no tiene voluntad de complir en absoluto con sus obligaciones internacionales, en materia de derechos humanos y de democracia”, señaló Pallais.

¿Es de hecho o derecho?

En relación de que si una junta de gobierno es de hecho o derecho, tanto José Pallais, como el constitucionalista, Oscar Castillo, tienen sus apreciaciones jurídicas y políticas.

“Una junta de gobierno siempre requiere una alteración de la situación de hecho. Hay diferentes escenarios donde pudiera resultar, pero el elemento común es que debe ser el resultado de una alteración, de una correlación de fuerza que posteriormente puede recibir el reconocimiento internacional en base a los principios del derecho internacional, pero en primer lugar, deviene de un pueblo que se levanta y desconoce al régimen que lo oprime. Este levantamiento, en el derecho internacional moderno, no necesariamente tiene que ser un levantamiento armado, puede ser un lucha cívica, un movimiento de desobediencia civil, y ese proceso se pudo haber generado en abril de 2018 cuando el pueblo se levantó cívicamente, pero quedo inconclusos, porque  la respuesta de Ortega fue represiva, incurriendo en delitos de lesa humanidad y acalló el clamor popular a balazos mediante violaciones masivas a los derechos humanos”, expuso Pallais.

Para Castillo, la propuesta de un gobierno de transición en Nicaragua en este momento “es más que jurídica, una propuesta política”.

En ese sentido, el constitucionalista asegura que las juntas de gobierno o gobierno provisional suelen suceder en situaciones de hecho “es decir no de derecho”.

Castillo puso como ejemplo la rebelión de abril de 2018 “por la situación de ingobernabilidad y de crisis política profunda” que Nicaragua vivía en ese contexto. “En ese momento era valedero hablar de una junta transicional”. expresa el experto.

“Las juntas de gobierno suelen suceder frente a situaciones de hecho. Es decir, no de derecho. Suceden frente a situaciones violentas como revoluciones, golpes de Estado, crisis institucionales en las que hay un vacío de poder y ante la ausencia de  procesos electorales para elegir. Entonces, las transiciones entre la paz y la guerra suelen ser, entre otras figuras para el tema de gobernabilidad, la creación de juntas provisionales y esa ha sido la historia de Nicaragua, como la que se vivió en 1979, cuando Somoza, que había una revolución, un vacío de poder y es cuando se constituye una junta de gobierno”, rememora Castillo.

“Bajo la bota opresora de la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo”

José Pallais, miembro de la Coalición Nacional y analista político

Pallais le da vuelta a la versión de Castillo, asegurando que en la actualidad Nicaragua vive una crisis política profunda, donde la misma comunidad internacional ha sancionado a varios funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Vivimos en estado de ingobernabilidad, de irrespeto total a las libertades y los derechos humanos, al punto que la comunidad internacional ha sancionado a los funcionarios orteguistas por corrupción y violentar derechos humanos y políticos. En Nicaragua tampoco se pueden realizar comicios electorales mientras no se reformen el sistema electoral fraudulento y mientras haya presos políticos en las cárceles de Daniel Ortega. Existe falta total de las libertades públicas, donde no nos podemos expresar libremente, al punto que ni siquiera nuestra bandera azul y blanco podemos mostrar porque estamos bajo la bota opresora de la policía de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, denunció Pallais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Un comentario:

  1. Muy fantasioso y poco probable ya que no existe un líder o organización política libre de no tener vínculo Con el régimen de los Ortega Murillo. Lo qué hace ser vulnerable cualquier acción que se tome, ya qué estarán esperando a los convocados para ser asesinados o encarcelados cómo mínimo. Las organizaciones están infiltradas por operadores políticos de Ortega y sólo creando una oposición clandestina que se reúna para organizar y coordinar hasta llegar el día de ejecución del acto. Al igual qué hacían los camaradas comunistas del FSLN que no arriesgaban sus vidas exponiendo sus ideas y planes en contra de Somoza, cualquier idea pública será una tragedia. Yo valoro las vidas de los qué me acompañan el la búsqueda de la democracia y no los expondría en un proyecto fantasioso cómo peligroso.

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