Laure Schneeberger, jefa de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua: “En cualquier cárcel donde trabajamos nunca publicamos, ni denunciamos cualquier situación que observamos”

Funcionaria explica que la información que obtienen de las visitas a prisioneros es confidencial y solamente la comparten con el régimen y los familiares de los presos políticos

Emiliano Chamorro Mendieta

Laure Schneeberger, jefa de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), acreditada en Nicaragua, defendió la labor humanitaria de esa organización con los encarcelados políticos y salió al paso de críticas que también se hacen en contra de la organización humanitaria en el manejo de la información.

Uno de los cuestionamientos que se hacen contra esa institución es que generalmente no brindan información sobre el estado en que se encuentran los presos políticos en Nicaragua, que suman un total de 113 ciudadanos detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“En todos los países donde realizamos nuestra labor humanitaria con las víctimas, dentro o fuera de la cárcel, siempre, nuestro diálogo es confidencial con el gobierno, las autoridades competentes, con las víctimas o con sus familiares. Siempre el diálogo es confidencial, no es una exigencia exclusiva de un gobierno en particular, para nada; esas son las reglas que tenemos para poder trabajar con la confianza de todos”, explicó a Portavoz Ciudadano la jefa de misión del CICR.

En relación a que las torturas y malos tratos que reciben los presos políticos, de acuerdo a sus familiares en cárceles de Nicaragua, situación que le expresamos que no puede ser de orden confidencial, la representante de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja, afirmó que la forma de trabajar de la organización no cambia con los contextos ya que tienen sus propias normas de trabajo en el campo de la asistencia humanitaria.

Los familiares de los presos presos políticos que piden su libertad son asediados cuando realizan plantones en demanda de su libertad

“Nuestra forma de trabajar no cambia en cualquier contexto. En cualquier cárcel donde trabajamos nunca publicamos, ni denunciamos cualquier situación que observamos. Ahora, yo entiendo que debe haber frustraciones por el hecho que somos la única organización que entra a las cárceles de Nicaragua y tenemos un acceso ilimitado a todas las personas (…) para evaluar sus condiciones de detención de  cualquier persona privada de libertad”, explicó Schneeberger. 

Dice que Procuraduría debe responder por situación de presos 

Por otro lado, al preguntársele, a la jefa de misión del CICR, sobre si  la detención de los presos políticos era ilegal, señalo que no le compete al organismos cuestionar la situación jurídica de los detenidos por el régimen.

“Eso sería más bien una pregunta que se le debería hacer a la Procuraduría de Derechos Humanos pues tampoco nos compete en el campo jurídico juzgar los motivos de la detención (de los presos políticos) y también en ese caso determinar con los abogados de cada uno cual es el caso y el proceso que se está llevando a cabo”, respondió Schneeberger.

A la funcionaria se le explicó que el régimen Ortega-Murillo no da información al periodismo independiente y que era imposible verificar el estado de los prisioneros políticos en Nicaragua y que de acuerdo a familiares de los detenidos éstos sufrían maltratos en los sistemas carcelarios.

“Sería interesante saber cuántas familias han acudido a la Procuraduría de Derechos Humanos para averiguar sobre las condiciones o el aspecto legal de sus familiares detenidos”, insistió la funcionaria, en una posición tal como que desconociera que en Nicaragua no existe institucionalidad y las acusaciones a violaciones a los derechos humanos son recurrentes, especialmente por la policía y paramilitares al servicio del régimen.

En Nicaragua actualmente hay 113 presos políticos y ninguna organización de derechos humanos tiene acceso a las cárceles para verificar su situación, pese a que el mismo presidente Daniel Ortega, dijo el lunes en un acto oficial que las puertas de las cárceles están abiertas para estos organismos.

Sin embargo, la palabra de Ortega quedó sin validez, ya que activistas de derechos humanos de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), visitaron el martes la cárcel La Modelo y no se les permitió el ingreso.

 

 

 

 

 

 

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